El juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó la recepción de un informe del ministerio de Seguridad. «Frente a este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales», indicó.
Los diputados de la Unión Civica Radical rechazaron, en un comunicado, haber trabado la sanción en particular del proyecto ya que «desde el primer día el radicalismo ayudó», pero enfatizaron que «la política que se balancea entre extremos, deja a los argentinos sin diálogo».
Pese al revés que supuso que la norma que impulsa el Gobierno vuelva a comisión tras su tratamiento en particular, el espacio ratificó su voluntad de apoyo.
«No vamos a ser flexibles y vamos a continuar con el programa que teníamos», aseguró Zago en declaraciones a la prensa. También aseguró que el regreso a comisión del proyecto «no es ningún paso atrás. Desde el espacio advirtieron que la traición «se paga cara».
El presidente de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, y los diputados Leandro Santoro, Julia Strada y Natalia Zaracho, coincidieron en remarcar el «fracaso legislativo» de todos aquellos que querían que esta norma fuera aprobada.
«Lamento profundamente su fallecimiento y deseo enviar nuestras condolencias en nombre del pueblo argentino a sus familiares y amigos, así como también a todo el pueblo chileno», indicó el presidente argentino Javier Milei.
El jefe de Gabinete y Brian Nichols coincidieron en la necesidad de «profundizar las relaciones bilaterales, tanto comercialmente como en las posibilidades de inversión» entre ambas naciones y analizaron «las reformas que está implementando el Gobierno argentino para ordenar la economía».
La Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua presentó el escrito el lunes, al entender que el DNU 70/2023 del Poder Ejecutivo quebranta «disposiciones constitucionales».
Por 134 votos a favor y 121 en contra, se convalidó el artículo que también establece la emergencia en materia administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad. La intención de los legisladores es debatir hasta la medianoche, para pasar a otro cuarto intermedio en caso de ser necesario.
«Cumplen un papel central alrededor del derecho a la información y no podemos dejar en manos privadas las relaciones entre el Estado y la ciudadanía», afirmó el diputado nacional Pablo Carro, de UxP, al plantear una cuestión de privilegio.