El Gobierno determinó que el transporte de media y larga distancia dejará de ser un servicio público y con esa medida desregulará buena parte de las exigencias que tienen las empresas que operan en el sector, entre ellas para la determinación de rutas, recorridos y precios. También se liberarán otras restricciones que permitirán el ingreso de nuevas compañías que operen combis en lugar de micros, y se les habilitará el ingreso a aeropuertos para levantar pasajeros.
La medida fue anticipada este domingo en un comunicado de la Secretaría de Transporte, aunque se trata de una iniciativa surgida del Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. Las normas nuevas serán publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial y fueron conversadas durante los últimos meses entre las autoridades del Poder Ejecutivo y las firmas del sector.
En el Gobierno nacional consideran que el cambio normativo central será la liberalización total del servicio al dejar de ser servicio público, algo que por ley le impone una serie de obligaciones. “La idea es que cualquier empresa que quiera hacer una ruta, se anota en un registro si tiene registro para conducir y transporte adecuado”, resumieron desde un despacho oficial. En el equipo económico creen que, a determinado plazo, un cambio de esta naturaleza debería redundar en una mayor oferta y competencia de precios.
Un aspecto que no fue especificado en el comunicado oficial pero que estará incluido en la letra chica de la reglamentación será que desde ahora las empresas habilitadas podrán ingresar a puertos y a aeropuertos -hasta ahora una opción vedada- para recoger pasajeros directamente, y evitarles el paso previo hacia una terminal de ómnibus.
Por otra parte, fuentes del sector aseguraron en diálogo con Infobae que las medidas anunciadas por el ministerio desregulador “no forman parte de ningún pedido” sectorial, aunque existió diálogo durante los últimos meses entre las cámaras y las autoridades del Gobierno nacional. “Venimos pidiendo por normas más modernos, pero no pedimos la desregulación. Hicimos advertencias de cosas positivas y otras no tanto si no se toman con seriedad”, mencionó una fuente del sector.
Las empresas alertan sobre un cambio normativo que podría «saturar» el sistema por la nueva competencia que se abre (Télam)
Como ejes centrales del cambio normativo, desde las empresas destacaron uno de ellos implica que dejará de ser un servicio público, vía por la cual el Estado otorgaba a las empresas permisos para vincular determinados destinos con la obligación de otorgar regularidad de servicios para garantizar conectividad. “Ahora la norma dice que las empresas no tienen que ir obligatoriamente a ningún destino”, resumió un ejecutivo del sector. También se eliminarán las políticas de bandas tarifarias con precios máximos y mínimos.
Nuevos jugadores
Una cuestión sobre la que las empresas esperan mayores detalles en la reglamentación tiene que ver con el ingreso potencial de “nuevos jugadores” al mercado, con un panorama mucho más desregulado. La norma, según confirman en el Gobierno nacional, permitirá dar servicio de media y larga distancia a través de combis, además de micros, mientras cumplan con los estándares.
Una de las cámaras del sector, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta) publicó minutos después de que se conociera la medida un comunicado en el que planteó que “la normativa busca aumentar la flexibilidad en el acceso al mercado para los operadores y en la capacidad de ajustar la oferta de servicios”.
En ese sentido, consideraron que “Aaeta ha sostenido desde siempre que es esencial agilizar la normativa, otorgando mayor protagonismo al sector empresarial y reduciendo la burocracia que dificulta la prestación eficiente de servicios. Consideramos que cualquier apertura en el mercado debe ser gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.
Esa cámara listó una serie de medidas que aseguraron que son centrales como la exención del Impuesto de Ingresos Brutos, la limitación de costos en terminales de ómnibus, la eliminación de lo que llamaron “burocracia excesiva”, actualización de normativas, exención de patentes para vehículos de pasajeros, eliminación de recargos en peajes y un sistema para minimizar o compensar gratuidades.